El TS considera que la transmisión de inmuebles del deudor a una sociedad de su exclusiva titularidad no se considera delito de frustración de la ejecución

Artiaga Elordi Artiaga Elordi
5 de diciembre de 2023 Artículo escrito por María Valls

La reciente Sentencia núm. 457/2023 de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo nos recuerda los requisitos que han de concurrir para que resulte de aplicación el artículo 257 del Código Penal a los efectos de considerar si una conducta puede ser considerada como actos típicos de un delito de frustración de la ejecución por alzamiento de bienes. 

En este supuesto particular que analiza el Tribunal Supremo (en adelante “TS”), el acusado -deudor que atravesaba dificultades para hacer frente al pago de la deuda contraída- estaba inmerso en un proceso de ejecución por un importe cuya cuantía ascendía a 113.090,35€- era titular de tres inmuebles contra los que el acreedor podía dirigirse para ejecutar su crédito en caso de impago. 

No obstante, el acusado para evitar la traba acordada de anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad de los tres inmuebles, con pleno conocimiento de la existencia de la deuda y de las dificultades económicas que no iba a permitirle satisfacerla, procedió a transmitir los inmuebles referidos a dos sociedades, por él creadas, de cuyas participaciones resultaba único propietario y que el mismo administraba. 

Una vez vencida la deuda y reclamado su pago sin éxito, el acreedor inició un procedimiento judicial de ejecución, siendo que los tres inmuebles que eran propiedad del deudor no pudieron ser embargados, debido a que ya no figuraban a su nombre en el Registro de la Propiedad, sino a nombre de aquellas compañías que resultaron de nueva creación ad hoc.

Como consecuencia de los antecedentes de hecho expuestos, la Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia condenando al acusado como autor responsable de un delito de frustración de la ejecución por alzamiento de bienes. Resolución que fue recurrida por la representación del acusado y por ello, revisada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el cual confirmó el pronunciamiento dictado por la Audiencia Provincial de Valencia, reduciendo la pena a la que el acusado había sido condenado.

La representación procesal del condenado invocando la doctrina de este TS interpuso Recurso de Casación frente al citado pronunciamiento de condena al considerar que las operaciones que llevó a cabo no comportaban disminución de su patrimonio y tampoco suponían un perjuicio para sus acreedores, por cuanto que, las aportaciones de los inmuebles se efectuaron a cambio de las correspondientes participaciones sociales que conformaban el capital social de la dos sociedades, y que de conformidad con el principio de responsabilidad civil universal, quedaban afectas al pago de la deuda. 

Finalmente, el TS admite que, en el supuesto analizado, la aportación de los bienes inmuebles a las entidades del acusado impidió la posibilidad de que el embargo se trabara sobre tales inmuebles, pero considera que, esto no es suficiente para apreciar la comisión de un delito de frustración de la ejecución, sino que, para ello se requiere que la conducta comporte la contracción de obligaciones añadidas o una reducción de los activos patrimoniales, lo que no sucede en este caso concreto. 

Por lo que, el TS resolvió en concordancia con la argumentación del acusado, estimando el recurso interpuesto por su parte y absolviendo al mismo del delito por el que había sido condenado en la Instancia, al considerar que se había aplicado de forma incorrecta lo dispuesto en el artículo 257 del Código Penal, toda vez que, la conducta adoptada por el acusado no alcanzaba a satisfacer las exigencias típicas del citado artículo, pues, la situación financiera del deudor no varió materialmente, ya que los inmuebles que pudieran responder de la deuda pasaron a sociedades de las que el deudor era titular exclusivo. Por lo que, a criterio del TS no se produjo ninguna acción de disposición patrimonial o que implicara la asunción de obligaciones adicionales que redujera el patrimonio del deudor con verdadera eficacia como para afectar al procedimiento ejecutivo, que es lo que requiere el tipo penal del artículo 257.1. 2.º del Código Penal.

Volver al índice

Más artículos sobre…

Otras categorías