Administrador de hecho vs Apoderado general: ¿qué elementos deben concurrir para poder apreciar la responsabilidad social?

Artiaga Elordi Artiaga Elordi
23 de abril de 2024 Artículo escrito por Max Savchuk

En la publicación de hoy analizamos la interesante sentencia de fecha 17 de noviembre de 2023, dictada por la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante, quien pretendía extender la eventual responsabilidad social del cargo de administrador de hecho, regulada en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital (en adelante, “LSC”), a la apoderada general de dicha empresa, quien tenía amplias facultades otorgadas por el administrador de derecho de la sociedad.

En este sentido, en el presente supuesto se ejercita una acción de responsabilidad contra quien, el administrador social ahora “activo”, consideraba su administradora de hecho, por la apropiación de fondos sociales por un importe aproximado de 500.000 euros, y ello lo hace basándose en que la supuesta administradora de hecho disponía de unos poderes generales con facultades tan amplias, que le han permitido firmar una serie de contratos con derechos económicos, realizar pagos con la tarjeta de crédito de la sociedad, y sustraer efectivo del patrimonio de la empresa (mediante la gestión de los alquiles de la compañía), que no habían sido autorizados por parte del efectivo órgano de administración o de, en su caso, la Junta General.

No obstante, y tras analizar los motivos expuestos en su demanda, el Juzgado de lo Mercantil desestimó las pretensiones de la sociedad actora, ratificando ahora, dicha resolución, la Audiencia Provincial de Madrid, por cuento estima que no se acredita que la demandada tuviera la condición asimilada a la de administradora de hecho, y ello, basándose en las siguientes consideraciones:

  1. Que el otorgamiento de un poder general, con las más amplias facultades (excepto las indelegables), no confiere por sí solo la consideración de administrador de hecho de una sociedad, cuando la concesión de tales poderes se trata de un acto libre y de dirección, adoptado de manera discrecional por parte del administrador de derecho de la sociedad, como así ha sido en el presente supuesto; habiendo ratificado dicho acto de dirección la posterior revocación del poder general otorgado a la supuesta “administradora de hecho”, cuando se ha perdido la confianza en la apoderada por parte del administrador de derecho.

  2. Que, las actuaciones de la demandada se han circunscrito a las facultades propias en virtud de las cuáles había sido previamente apoderada por parte del administrador de derecho de la sociedad, actos de disposición que resultaban expresión misma de los poderes de representación que la habían sido otorgados.

  3. Que, el simple uso de las tarjetas de crédito de la sociedad no habilita la asimilación de la apoderada general como administradora de hecho de la sociedad, y ello, aunque hubiere provocado un perjuicio económico a la sociedad, por cuento se trata de una práctica muy frecuente la autorización al uso de tarjetas de crédito a los representantes de la sociedad, para hacer frente a los gastos en que pudieran incurrir en el uso de sus facultades. 

  4. Y que, el hecho de haber detraído posibles sumas del haber social, no permite estimar la acción ejercitada por parte de la actora, por cuanto, con carácter previo a ello, se debe acreditar la condición de administradora de hecho de la apoderada, extremo que la empresa demandada no ha conseguido probar en el presente supuesto, y que impide, desde una interpretación estricta de la norma, la estimación de la acción ejercitada frente a la demandada.

Por todo ello, concluye la Audiencia Provincial de Madrid que no puede prosperar el recurso interpuesto por parte de la actora, en el ejercicio inicial de la acción social de responsabilidad, por cuanto la sociedad demandante no puede atribuir a la apoderada general la condición de administradora de hecho, extendiéndole la responsabilidad prevista para este tipo de “institución”.

Así pues, lo interesante de esta resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, a mi modo de ver, es la distinción realizada entre ambas figuras, y la alusión que realiza a la existencia y supresión del mandato representativo que le fue conferido en su día a la apoderada general, que resulta clave para poder apreciar que existió una voluntad efectiva de quien era el verdadero administrador de derecho de la actora, y que impide asociar las actuaciones llevadas a cabo por la demandada, con las propias de la administración de derecho/de hecho de una sociedad, desvirtuando así el ejercicio de la acción prevista en el art. 238 de la LSC.

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