Incidencia de la falta de depósito de las cuentas anuales en la responsabilidad de los administradores por no promover la disolución de la sociedad por pérdidas

Artiaga Elordi Artiaga Elordi
13 de marzo de 2024 Artículo escrito por Yana Rogovchenko

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, número 94/2024, de 25 de enero de 2024 resuelve un recurso de casación en el que se discutía la posible responsabilidad solidaria de los administradores de una sociedad por todas las deudas sociales nacidas con carácter posterior al acaecimiento de la causa de disolución por pérdidas en que se encontraba la sociedad, sin que los referidos administradores hubieran cumplido con su deber legal de promover su disolución en el plazo de dos meses. 

En este sentido, una sociedad fue demandada por otra por el impago de ciertas mercancías suministradas entre los años 2012 y 2013. Además, la demandante también ejercitó la acción social de responsabilidad solidaria contra la administradora única y el administrador de hecho de la demandada puesto que, de conformidad con el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, la deuda reclamada había nacido con posterioridad a que la sociedad demandada estuviera incursa en causa de disolución, sin que los administradores hubieran promovido su disolución en el plazo de dos meses legalmente previsto en el artículo 365 de la Ley de Sociedades de Capital. De forma subsidiaria, la demandante ejercitó la acción individual de responsabilidad ex artículo 241 de la Ley de Sociedades de Capital, y solicitó la misma condena de los administradores a pagar la deuda de la sociedad que hubiera podido satisfacerse de no haberse realizado una indebida liquidación de hecho y cese de la actividad. Es de importancia destacar que la sociedad demandada no tenía aprobadas ni depositadas las cuentas anuales desde el ejercicio 2011. 

Ante la estimación de la demanda en primera y segunda instancia, la parte demandada interpuso recurso de casación con motivo en la infracción del artículo 367.2 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la determinación del momento en que se incurre en causa de disolución, por entender que la presunción contenida en dicho precepto de que «las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad» se había aplicado en la sentencia recurrida como una presunción absoluta o automática, condenando a los administradores demandados por la mera falta de depósito de las cuentas, al entender que eran posteriores todas las deudas surgidas después del cierre del ejercicio 2011, debiendo, en cambio, operar solo cuando la correlación temporal entre la causa de disolución y el nacimiento de la deuda reclamada sea dudosa. 

El Tribunal Supremo, atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto enjuiciado, se pronuncia alegando que la prueba de la existencia de la causa de disolución y desde cuándo ocurre recae sobre el acreedor, y la prueba de que la deuda social es anterior a la aparición de dicha causa recae sobre el administrador. No obstante, dicho escenario probatorio puede verse alterado en caso de falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, en cuyo caso será el administrador demandado el que también deberá probar la inexistencia de la causa de disolución. 

Es por ello que el Tribunal Supremo entiende que, la falta de aprobación y depósito de las cuentas, impidiendo verificar si efectivamente a 31 de diciembre del 2011 la sociedad demandada ya se encontraba o no en situación de pérdidas que reducen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, unido a la existencia de deudas impagadas con posterioridad y cierre de facto de esta sociedad, permite presumir la existencia de la causa de disolución al cierre del ejercicio de 2011 y, como no se promovió la disolución en los dos meses siguientes, los administradores debían responder de forma solidaria de las deudas sociales nacidas con posterioridad, en concreto en los años 2012 y 2013. 

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