La reclamación de gastos hipotecarios tras la última sentencia del TJUE

Artiaga Elordi Artiaga Elordi
13 de febrero de 2024 Artículo escrito por María Valls

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, tras la deliberación del recurso de casación 1799/2020, planteó cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con el inicio del plazo de prescripción para reclamar la restitución de las cantidades pagadas por el consumidor tras declararse nula una cláusula relacionada con los gastos hipotecarios. Recientemente, el 25 de enero de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante “TJUE”) determinó que la jurisprudencia nacional sobre este tema es contraria a derecho. 

La sentencia del TJUE establece que el inicio del plazo de prescripción, de la acción de restitución de cantidades, exige que el consumidor conozca los hechos determinantes del carácter abusivo de la cláusula contractual y su trascendencia jurídica, es decir, el consumidor debe conocer los derechos que le otorga la Directiva 93/13. 

Es común que las entidades respondan a la reclamación extrajudicial confirmando la validez de la cláusula. Por lo tanto, mientras dicha cláusula no sea declarada nula, esto crea la apariencia de que es válida desde el punto de vista legal. Como resultado, el consumidor no tiene conocimiento de su derecho a ejercitar acciones legales contra la entidad bancaria para recuperar las cantidades cobradas indebidamente, a menos que un tribunal determine previamente que la cláusula, que aparentemente es válida, en realidad no lo es. 

Por lo que, hasta que no se declare la nulidad de la cláusula, no puede iniciarse el cómputo del plazo de prescripción de 5 años para solicitar la devolución de los importes indebidamente pagados. 

La STJUE de 25 de enero de 2024 señala que, según el principio de efectividad, el plazo de prescripción debe ser suficiente para permitir al consumidor preparar e interponer un recurso efectivo. Considerar que el día inicial del plazo de prescripción para la acción de restitución sea el de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula proporcionaría seguridad jurídica a los consumidores, quienes son víctimas de la imposición de cláusulas abusivas por las entidades. Además, ayudaría a cumplir el efecto disuasorio que persigue la Directiva. Es decir, desalentaría a aquellos que incorporan condiciones abusivas en los contratos de adhesión que imponen a sus clientes.

Asimismo, recuerda que el sistema de protección de la directiva se basa en la idea de que el consumidor se encuentra en una situación de inferioridad respecto al profesional, especialmente en cuanto al nivel de información. 

Por lo tanto, cuando existe una jurisprudencia nacional consolidada sobre el carácter abusivo de ciertas cláusulas, cabe esperar que las entidades bancarias actúen en consecuencia. No se puede presumir que el consumidor, que generalmente tiene menor información que el profesional, conozca la jurisprudencia nacional en materia de derechos de los consumidores, incluso si esta jurisprudencia está consolidada

Además, la resolución en su apartado (60) señala que, aunque se puede exigir a los profesionales que se mantengan informados sobre aspectos jurídicos, no se puede esperar lo mismo de los consumidores debido al carácter ocasional o excepcional de la celebración de contratos que contengan cláusulas de este tipo. 

Así que, el posicionamiento jurisprudencial establecido por la sentencia de 25 de enero de 2024 busca garantizar el cumplimiento del derecho de la UE, específicamente la Directiva 93/13, respetando en todo momento los derechos de los consumidores, estableciendo que no procede fijar el dies a quo en el último pago de las facturas, ni considerar como conocimiento por parte del consumidor la existencia de una jurisprudencia nacional consolidada. 

De esta manera, y en un claro posicionamiento de protección de los consumidores de acuerdo con la Directiva 93/13, el TJUE establece una base de homogeneidad para todo el territorio nacional. 

Por todo ello, una vez resuelta la incertidumbre sobre el inicio del plazo de prescripción por el TJUE, los tribunales nacionales que se enfrenten a situaciones similares deberán decidir el litigio conforme a la sentencia analizada en este estudio. 

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